Hoy, 10 de noviembre, se cumplen nueve meses desde que el régimen dictatorial
que encabeza Daniel Ortega en Nicaragua condenó al obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel. No debemos olvidar que el 9 de febrero de este año los Ortega-Murillo expulsaron del país a 222 presas y presos políticos, acusándolos de “traición a la patria” y despojándolos de la nacionalidad nicaragüense. Al obispo Álvarez también le ofrecieron aquella “opción”, término que utilizaba la última dictadura cívico-militar en Argentina para disfrazar el destierro, pero él la rechazó categóricamente negándose a abordar el avión.
Como represalia por esa muestra de dignidad y valentía, al día siguiente, en un
juicio espurio sin ninguna garantía jurídica y acusado también de traición a la patria,
monseñor Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel y desposeído de su nacionalidad, suspendiéndolo de sus derechos ciudadanos de por vida. Fue recluido en la cárcel conocida como “La Modelo”, donde por largo tiempo estuvo confinado en una celda de máxima seguridad conocida como “El Infiernillo”. Desde aquel momento el obispo ha sido víctima de todo tipo de vejámenes y ha sufrido largos períodos de aislamiento.
El odio del régimen en contra del obispo se incrementó cuando en el año 2018,
Álvarez formó parte del equipo de la Conferencia Episcopal que funcionó como testigo y mediador en el primer Diálogo Nacional entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. En aquellos días Nicaragua estaba atravesada por una rebelión cívica que había conmocionado al país, con protestas que exigían la renuncia de Ortega. Sin embargo, la pareja gobernante usó el diálogo para ganar tiempo y ordenar una sangrienta represión que dejó 355 víctimas mortales, según denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin duda la situación sigue siendo grave en Nicaragua. Más de 300 opositores
del régimen han sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad, quedando inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos de elección popular. Además, les han confiscado sus bienes inmuebles y sus ahorros, y les han quitado la pensión a las y los jubilados.
Desde nuestro compromiso con la democracia, la paz y el respeto irrestricto de los
derechos humanos, tenemos el deber de denunciar estos crímenes y, desde donde estemos, solidarizarnos activamente con el pueblo nicaragüense.
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